El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, refrendó su disposición para mantener una coordinación permanente con el gremio jurídico, al considerar que su participación es clave para fortalecer el Estado de Derecho y consolidar instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía.
El mensaje fue llevado por el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis, encabezado por David Leonardo Castro García.
Durante el encuentro, el funcionario destacó que mantener un diálogo abierto con las y los profesionales del Derecho permite identificar retos y construir propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de acceso a la justicia y fortalecer la confianza de la población en las instituciones.
Torres Sánchez señaló que la colaboración entre autoridades y especialistas en materia jurídica resulta fundamental para avanzar en la consolidación de un sistema basado en el respeto a la ley, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.
En representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el secretario General de Gobierno reconoció a la Barra Mexicana de Abogados como un aliado estratégico para promover y defender el Estado de Derecho en San Luis Potosí.
Gobierno y abogados, por instituciones más sólidas
El funcionario sostuvo que la experiencia y conocimiento de quienes integran el sector jurídico representan una aportación importante para enfrentar los desafíos relacionados con la impartición y procuración de justicia.
Por ello, destacó la importancia de mantener una relación cercana entre el Gobierno estatal y las organizaciones de profesionistas, mediante espacios de diálogo que permitan generar acuerdos y acciones con impacto directo en la población.
Torres Sánchez afirmó que la administración de Ricardo Gallardo mantiene el compromiso de respaldar las alianzas que contribuyan a fortalecer la justicia y la legalidad, bajo un esquema de coordinación institucional y participación de los distintos sectores de la sociedad.
La toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2026-2027 se convirtió así en un espacio para refrendar la colaboración entre el Gobierno estatal y la comunidad jurídica, con la mira puesta en construir instituciones más confiables y garantizar que el acceso a la justicia alcance a todas y todos los potosinos.
El llamado fue a mantener la unidad y el trabajo conjunto como herramientas para avanzar hacia un San Luis Potosí más fuerte, incluyente y apegado al respeto de las leyes.