La Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí inició el proceso de homologación de la normatividad estatal tras las recientes reformas federales a la Ley General en materia de extorsión. El objetivo es actualizar y alinear el marco jurídico potosino con las nuevas disposiciones nacionales para reforzar la capacidad de respuesta frente a este delito.
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que la entidad mantiene una tendencia a la baja en casos de extorsión, registrando una tasa de 3.62 por cada 100 mil habitantes al cierre de 2024, lo que —dijo— brinda condiciones de estabilidad para avanzar en la armonización legal sin descuidar la operatividad.
Torres Sánchez destacó que, de manera paralela, el Gobierno del Estado refuerza acciones preventivas en regiones estratégicas, particularmente en la Huasteca, mediante operativos coordinados con la Fiscalía General del Estado. Estas acciones buscan fortalecer la presencia institucional y garantizar que la actualización jurídica vaya acompañada de estrategias efectivas de protección y combate al delito.
El funcionario subrayó que estas medidas responden a la instrucción directa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha insistido en consolidar un entorno seguro y en modernizar el marco legal para enfrentar de manera integral la extorsión en San Luis Potosí.